Santo Domingo.- El
Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de
la Corrupción Administrativa (PEPCA), presentó acusación y solicitó apertura a
juicio contra el alcalde de San Francisco de Macorís y otros tres funcionarios
del Ayuntamiento, acusados cometer irregularidades en el manejo de los fondos,
que superan los 400 millones de pesos.
El alcalde Félix Manuel
Rodríguez Grullón, el encargado de Nómina Jerson Neris Lizardo Pérez y la
tesorera Fior D’liza Genao Hernández, son acusados del desfalco junto a la
señora Ana Hilda Bobie Aquino de Lizardo, en calidad de cómplice.
El grupo está acusado de
cometer los crímenes de coalición de funcionarios, falsedad, uso de documentos
falsos, y prevaricaron, además de los delitos de desfalco, concusión, soborno,
asociación de malhechores y abuso de confianza.
La magistrada Laura
Guerrero Pelletier, titular de la PEPCA, declaró que a los imputados se les
atribuye la violación de los artículos 123, 124, 145, 147, 150, 151, 166, 167 y
169 del Código Penal Dominicano, así como los artículos 170, 171, 172, 177,
178, 179, 265 y 266, de dicha normativa, que tipifican ese tipo de crímenes.
“En el proceso de
investigación realizado por la PEPCA y una auditoría realizada de manera
conjunta con la Cámara de Cuentas en el período 2007-2011, se determinó que con
sus actuaciones dolosas los funcionarios del Ayuntamiento de San Francisco
incurrieron en las citadas irregularidades en el manejo de los
fondos públicos”, manifestó la funcionaria del Ministerio Público.
De acuerdo a la auditoria,
el alcalde Rodríguez Grullón otorgó obras sin que se haya realizado un concurso
público o de oposición, en franca violación de la Ley No. 340-06 de Compras y
Contrataciones de Bienes y Servicios del Estado, comprobándose que era para
favorecer a determinadas empresas.
Asimismo, expresa que el
Alcalde suministró combustible a camiones alquilados a particulares.
También en el Ayuntamiento
Municipal de San Francisco de Macorís, por decisión del síndico, se hicieron
contratos de obras que no establecen garantías mediante pólizas de seguros.
La auditoría también
determinó que el Ayuntamiento contrató 481 obras por un monto equivalente a 377
millones 860 mil 484 pesos, sin haber exigido a los contratistas el depósito de
las pólizas de garantía de avance y de vicios ocultos, a la firma del contrato
y recepción de las obras, respectivamente.
Dicha auditoría revela
además que del 1 de enero de 2007 al 31 de diciembre de 2011, el
Ayuntamiento no exigió pólizas a los contratistas ascendentes a 113 millones 358
mil ciento cuarenta y cinco pesos, por concepto del 20% de garantía de avance y
del 10% de vicios ocultos en apego a la Ley No. 5560 sobre Póliza de Garantía
de Anticipos y Vicios Ocultos.
Asimismo, determinó que el
Alcalde Félix Manuel Rodríguez Grullón en el año 2011 sobrevaluó las
cuentas por un monto ascendente a doce millones.
Mediante la auditoría por
igual se estableció que el Alcalde con la colaboración de Jerson Neris Lizardo
Pérez, le otorgó pagos duplicados a empleados que tienen cédulas duplicadas,
así como nombres y códigos de empleados diferentes.
Además se comprobó que
hubo desfalcó en los períodos comprendidos entre el 2007 y 2011, por concepto
de nóminas de ayudas a personas, sin que existan expedientes que justificaran
eas ayudas, tales como cédulas de identidad y electoral, evaluaciones
socioeconómicas y módicas, según su naturaleza, que permitan identificar las
causas para otorgar esas asistencias.
Expresa que el
Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís además dejó de percibir la
suma de 2 millones 617 mil 749 pesos, por el acusado Félix Manuel Rodríguez
Grullón, al no aplicar el impuesto correspondiente al 10%, para beneficiar
allegados en el alquiler de vehículos a proveedores de servicios, por la
recogida de desechos sólidos.
De igual manera determinó
que realizó pagos a compañías sin que existan contratos de alquiler y soportes
justificativos, y que incumplió en el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís
de las normativas legales establecidas en el artículo 21 de la Ley No. 176-07
del Distrito Nacional y de los Municipios, que establece límites en cuanto a la
composición, de cómo se destinaron los ingresos propios y los recibidos por las
diferentes modalidades establecidas por las leyes nacionales para satisfacer
sus competencias.
También, expresa
que hubo sobrevaluación y desfalco en nueve obras con la existencia
de contratos reformulados que exceden el 25% del presupuesto original de las
obras, sin las debidas justificaciones comprobadas que demuestren las
imprevisiones causantes de esas adiciones.
“En combinación con lo
demás coimputados realizó Fraude Electrónico en la Nómina de Personal del
Ayuntamiento, por montos millonarios, además de que se contactaron a personas
para sustraer los fondos del Ayuntamiento Municipal de San Francisco
de Macorís, a través del depósito en la nómina electrónica, todo con la
participación de los demás coimputados”, se establece en la acusación
presentada por el Ministerio Público.
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