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BAYAGUANA, República Dominicana, 26 Mayo 2014 (AFP) – Los
descendientes de haitianos en República Dominicana no están satisfechos con una
nueva ley que ha sumado elogios porque reconocerá la nacionalidad a los hijos
de inmigrantes irregulares, pero dejará fuera a quienes no fueron anotados en
el registro civil. “Me alegro por un lado, pero por otro no, porque son muchos
los que nunca los inscribieron en el registro, que tienen hasta 30 y 35 años.
Entonces, que esos muchachos queden fuera, yo no me lo hallo bien”, responde
Yolanda Noel, de 28 años. Luego de ocho años de luchas legales, obtuvo su
cédula como dominicana a los 26.
Esta mujer, nieta de inmigrantes y madre de
cuatro niños, todavía enfrenta inconvenientes, porque la Junta Central
Electoral, rectora del registro civil, quiere inscribir a su prole como hijos
de extranjeros. “No se puede porque usted es haitiana”, cuenta que le han dicho
en la Oficialía Civil de Bayaguana. Sin forzar mucho la memoria, Noel repasa
los nombres de quienes nunca han obtenido sus documentos en el Kilombo, caserío
de algunas 40 casas en las afueras de Bayaguana, 50 kilómetros al norte de
Santo Domingo. Se trata de un batey, antiguo asentamiento de labriegos cañeros,
donde viven haitianos y su descendencia.
La ley 169-14, sometida por el presidente
Danilo Medina, ordena reconocerles a los hijos de inmigrantes indocumentados
sus actas de nacimiento y cédulas de identidad como dominicanos, pero aquéllos
que nunca fueron asentados en el registro civil deben someterse al plan de
regularización como extranjeros.
Esta normativa busca resolver la controversia
ocasionada por un fallo del Tribunal Constitucional, el 26 de septiembre de
2013, en el que determinó que no son dominicanos los hijos de inmigrantes
indocumentados aún cuando figuren en el registro civil y hayan nacido en el
país, lo que afecta principalmente a la comunidad haitiana. En un documento de
octubre pasado, la Junta Central Electoral (JCE) asegura que hay 24.392 hijos
de inmigrantes inscritos de manera irregular y que 13.637 de ellos son hijos de
haitianos.
Los más de 24.000 son los que serán
declarados dominicanos, como una salida para los afectados por el fallo 168-13,
del Tribunal Constitucional. Pero los no registrados pueden ser más. El censo
que en 2012 realizó el Fondo de Naciones Unidas para la Población establece que
en el país viven 244.151 descendientes de inmigrantes. De ese grupo, “209.912
personas son descendientes de inmigrantes haitianos”. En la lista de Yolanda
Noel, el primero es su primo Wilkin Noel, quien con 26 años no tiene cédula ni
acta de nacimiento.
Le gusta la medicina, pero trabaja en una barbería
porque no tiene acceso a un trabajo formal ni a estudios superiores. Apenas
llegó hasta el segundo grado del bachillerato. “Los que estudiaron conmigo hoy
son todos profesionales, pasan por ahí en su jeepeta (todoterreno de lujo) y a
veces se paran y me saludan”, comenta Wilkin en perfecto español, sentado en un
banco de su barrio sin calles, a orillas de la carretera. Aunque se expresa
algo esperanzado, a Wilkin le preocupa que si opta por la naturalización como
extranjero tendrá que estar al menos dos años en espera, buscar evidencias de
que nació en territorio dominicano y enfrentar limitaciones de derechos
políticos y civiles.
“Es una ciudadanía de segunda clase, porque
el naturalizado no puede ser presidente de la República ni puede optar por un
cargo electivo si no transcurre un tiempo”, explicó en una entrevista de
televisión el abogado constitucionalista Eduardo Jorge Prats. En el Kilombo
también viven Venise Flor y Santos Martínez, quienes procrearon cuatro hijos,
de 18 a tres años de edad, que no tienen más que certificados de “nacidos
vivos”, expedidos en el hospital municipal.
Ella tiene documentación haitiana y él,
aunque nacido en el país, no tiene papeles. Al sentirse acorralado, Santos ha
pensado en sacar pasaporte haitiano, pero aunque la sentencia 138-13 dice que
él y su familia son haitianos, sabe que si dice que nació en tierra dominicana
no podrá conseguir la documentación en Haití, que comparte la isla con
República Dominicana.
“Esta ley no me garantiza seguridad”,
responde por tanto Yolanda Noel, dedicada al servicio doméstico, pero experta
en defender su causa y la de muchos en su condición gracias al apoyo y la
orientación del Centro Bonó, un instituto social dirigido por jesuitas que
defiende los derechos de los inmigrantes y sus descendientes. “La lucha debe
seguir”, comenta. AFP
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